Por JANIE HAR
SAN FRANCISCO (AP) — Un juez de Estados Unidos pausó el lunes los planes del gobierno del presidente Donald Trump para dar fin a la protección legal temporal de cientos de miles de venezolanos, una semana antes de la fecha programada para que expiraran.
La orden del juez de distrito federal Edward Chen, en San Francisco, es un alivio para 350.000 venezolanos cuyo Estatus de Protección Temporal (conocido como TPS por sus siglas en inglés) estaba programado para expirar el 7 de abril. La demanda fue presentada por abogados de la Alianza Nacional TPS y beneficiarios del TPS en todo el país.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, también ha anunciado el fin del TPS para aproximadamente otros 250.000 venezolanos en septiembre.
Chen afirmó en su fallo que la acción de Noem “amenaza con infligir un daño irreparable a cientos de miles de personas cuyas vidas, familias y medios de subsistencia se verán gravemente interrumpidos, costará a Estados Unidos miles de millones en actividad económica, y perjudicará la salud y seguridad públicas en comunidades de todo Estados Unidos”.
Señaló que el gobierno no había identificado ningún “daño real contrapuesto por mantener el TPS para los beneficiarios venezolanos”, y expresó que los demandantes probablemente tendrían éxito al intentar demostrar que las acciones de Noem “no están autorizadas por la ley, son arbitrarias y caprichosas, y están motivadas por un animus inconstitucional”.
Chen, quien fue nombrado por el expresidente demócrata Barack Obama, dijo que su orden es válida a nivel nacional.
Le dio al gobierno una semana para presentar una apelación, y a los demandantes una semana para pedir que haya una pausa para 500.000 haitianos cuyas protecciones de TPS van a expirar en agosto. Alejandro Mayorkas, el secretario anterior, había extendido las protecciones para los tres grupos hasta 2026.
El Departamento de Seguridad Nacional no respondió de momento a una solicitud de comentarios.
El Congreso creó el TPS en 1990 para prevenir deportaciones a países que sufren desastres naturales o conflictos civiles, dando a las personas autorización para vivir y trabajar en Estados Unidos en incrementos de hasta 18 meses si el secretario de Seguridad Nacional considera que las condiciones en sus países de origen son inseguras para que vuelvan a él.
Las revocaciones representan un amplio cambio respecto a las políticas de inmigración del expresidente demócrata Joe Biden, y llegan en un momento en que el mandatario republicano Donald Trump y sus principales asesores han intensificado los ataques a jueces que fallan en su contra. El tema de la inmigración está en el centro de muchos desacuerdos.
En una audiencia el lunes pasado, abogados de los titulares de TPS indicaron que Noem no tiene autoridad para cancelar las protecciones, y que sus acciones estuvieron motivadas en parte por racismo. Pidieron al juez que pausara las órdenes de Noem, citando el daño irreparable a los titulares de TPS, que son presa de miedo a la deportación y la posible separación de miembros de la familia.
Abogados del gobierno para Noem señalaron que el Congreso le dio a la secretaria autoridad clara y amplia para tomar determinaciones relacionadas con el programa TPS, y que las decisiones no estaban sujetas a revisión judicial. Los demandantes no tienen derecho a frustrar que las órdenes de la secretaria se lleven a cabo, alegaron.
En declaraciones públicas, Noem ha dicho que los venezolanos en Estados Unidos son “basura” y ha confundido a los beneficiarios de TPS con miembros de una pandilla venezolana, aunque la gran mayoría no tiene antecedentes penales, indicó Ahilan Arulanantham, un abogado del Centro de Derecho y Política de Inmigración en la Facultad de Derecho de la Universidad de California, campus Los Ángeles.
“Con esta imagen parece difamar a todo un grupo de 600.000 venezolanos que están aquí”, les dijo Chen a los abogados del gobierno. “¿No es eso casi la definición de racismo?”.
Sarah Vuong, del Departamento de Justicia federal, señaló que el móvil de Noem son los objetivos gubernamentales de seguridad fronteriza y nacional, no el racismo.
Biden amplió drásticamente el uso del TPS y otras formas temporales de protección, en una estrategia para crear y expandir vías legales para vivir en Estados Unidos, mientras que a la vez suspendía el asilo para aquellos que ingresan ilegalmente.
Trump ha cuestionado la imparcialidad de un juez federal que bloqueó sus planes para deportar a inmigrantes venezolanos a El Salvador, efectuando sus críticas apenas horas antes de que su gobierno le pidiera a un tribunal de apelaciones que levantara la orden del juez.
El gobierno también ha dicho que estaba revocando protecciones temporales para más de 530.000 cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos que han llegado a Estados Unidos desde octubre de 2022 a través de otra vía legal llamada permiso humanitario, que Biden utilizó más que cualquier otro presidente. Sus permisos de trabajo de dos años expirarán el 24 de abril.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.